A diferencia del Programa del Frente Amplio, el plebiscito prohíbe el ahorro individual y prevé que el dinero actualmente ahorrado en las cuentas de cada uno de quienes hoy trabajan pase a ser propiedad del BPS. Un millón de trabajadoras y trabajadores tienen cuentas de ahorro, que administran las AFAP, en las que ingresan por año US$ 1.400 millones y tienen acumulados US$ 23.000 millones. El BPS, a cambio del dinero que recibe de las cuentas de ahorro individual, quedará obligado a pagar pasividades mayores a las que se hubieran pagado por el sistema actual. Pero el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual.

Esos US$ 23.000 millones de las cuentas de ahorro se agotarán en menos de 15 años. A partir de ese momento todo el gasto adicional del plebiscito aumentará el déficit previsional y cada año se necesitarán más aportes del Estado. Por ejemplo, en el año 2045 aumentará en US$ 4.000 millones por año, cifra que equivale, por ejemplo, a todo el presupuesto anual que actualmente recibe la educación pública, y que se agregaría a los aportes que ya hoy realiza el Estado para cubrir el déficit previsional del BPS, la Caja Militar y la Policial, que alcanzan a más de US$ 3.000 millones por año.

El plebiscito tiene consecuencias injustas especialmente con las y los trabajadores más jóvenes y con quienes empiecen a trabajar en el futuro: deberán contribuir a financiar estas prestaciones más altas que el plebiscito promete, pero no se van a poder jubilar en las condiciones prometidas, porque esos beneficios no se van a poder sostener en el futuro. La promesa de mayores pasividades no debe alimentar la falsa ilusión de que existe un impuesto, que siempre pagan otros, y que soluciona el enorme costo adicional. Financiar este costo adicional equivaldría, por ejemplo, a duplicar el impuesto a la ganancia de todas las empresas, a multiplicar por 4 los aportes patronales o aumentar el IVA de 22% a 35%.